Para uno que marchó en 2011 y puso de su parte más de lo que la prudencia recomendaba para que la cosa funcionara -y todo para terminar viendo esos esfuerzos convertidos en la carrera política de otros, más hábiles y aprovechadores que uno -la noticia de la Gratuidad convertida en ley debería ser una especie de consuelo; debiera hacernos sentir que tanta pérdida de tiempo, energía y juventud no habían sido en vano. Pues bien, una vez más, permítame disentir y colocarle coto a su entusiasmo. La gratuidad, aún siendo universal, con el actual sistema universitario, va condenada al fracaso, y se volverá un dolor de cabeza mayor en el largo plazo. Le cuento por qué.

Los recursos son escasos. Siempre hemos de tener presente esto. No importa cuanta abundancia de recursos haya, no importa cuántos excedentes se generen: lo importante es que, determinado un nivel de consumo, los bienes se pueden agotar. La incertidumbre de si esto ocurrirá es lo que alimenta los miedos. Esta eventualidad puede o no ocurrir en el largo plazo, puede que no ocurra nunca. Puede que mañana terminemos como en Venezuela, o despreocupados como en Dinamarca. Esto se exacerba aún más en el contexto del capitalismo de especulación financiera. La pelea por la educación gratuita buscaba restar el proceso educativo de esta situación de incertidumbre.

A todos nos dolía a fin de año ir a hacer la cola de la asistencia social, con un montón de papeles que buscaban probar lo que no hacíamos. Lo peor es que esas colas siempre se armaban en la semana de los exámenes finales, haciendo que los estudiantes que vivían con la carga de tener que renovar beneficios se vieran obligados a salir del encierro propio de los estudios y tuvieran que acudir al penoso peregrinar de recopilación de papeles que certificaran su pobreza total o parcial, y aprovechar de estudiar en la siempre larga y tediosa fila, malhumorados y desesperados pensando en la pérdida de la chance de pasar bien un examen por entregar estos papeles. Esta imagen debería ser erradicada una vez implantada la gratuidad universal, pues no importa en qué condición económica estés, tus estudios serán sufragados por el conjunto de la sociedad; el si eres pordiosero o magnate no debería importar.

El problema que surge en este punto es el siguiente, ¿para qué estudiamos? o peor aún ¿para quién estudiamos? La derecha siempre planteó esta objeción cada vez que se discutió en la esfera pública la gratuidad para el que estudia. ¿Debe la sociedad en su conjunto financiar los estudios universitarios a un joven que, a la larga, estudiará solo para conseguir mayores frutos en su estricto beneficio? ¿Debe la anciana medio analfabeta que apenas tiene para comprar el pan con su pensión de miseria financiar al joven talentoso que logrará un formidable salario con el que por fin podrá pagarse conciertos en vivo y cafés caros del starbucks y que no le acarreará ninguna mejora en su calidad de vida? La respuesta es a todas luces negativa. No deberíamos financiarle a un joven una herramienta para acceder a una vida de lujos con el dinero de los miserables, si a los miserables esa vida de lujos no les redituará ningún beneficio.

¿Es tan así esta afirmación? ¿De verdad el hecho de crear profesionales no le da nada de valor a la vida de la anciana en la miseria?

En la actualidad, por la forma en cómo están diseñados tanto la distribución de las plazas para estudiar y las profesiones liberales que se ofrecen, la rentabilidad social de mandar a estudiar a nuestra juventud en la universidad es marginal, cuando no despreciable. Pero esto se debe total y exclusivamente a cómo están planteados los cupos de ingreso a las universidades.

La desregulación del mercado de la educación superior dio paso a que cualquier grupo económico pudiese instalar un recinto de educación superior, con requisitos menores a los que se les pide a un carrito de sopaipillas. Esto no es una exageración ni un recurso retórico, fue una realidad triste que se extendió entre el 81 y comenzó a ser atajada a contar de 2006. A estas instituciones, que abren cupos para estudiar carreras en razón de su rentabilidad para ellas mismas en el corto plazo, para con suerte comprar un pizarrón, profes-taxis y dos libros y gastar el resto en inodoros de oro sólido para el rector, en lugar de abrir carreras pensando en satisfacer las necesidades reales de la sociedad por esas profesionales, y la posibilidad cierta de la sociedad poder absorber toda esa nueva mano de obra calificada, es que se les está ofreciendo sufragar un arancel estandarizado. Son tantas, y solicitan todos montos tan dispares, que la gratuidad de 2018 es astronómicamente más onerosa que la gratuidad universitaria de 1972, con 6 universidades privadas y 2 macro universidades complejas del Estado con sedes en todo el país, pero que de todos modos no dejaban de ser 30 mil personas. Actualmente somos no menos de medio millón.

¿Qué retornos podría tener la abuela que apenas puede comprar el pan? En un sistema de pensiones de reparto con reservas técnicas, la mayor cotización de un profesional que gane un sueldo que le permita mucho más que una estrecha supervivencia, podría brindarle a la anciana al menos la posibilidad de reincorporar las proteínas a su dieta, pero no es el caso: la capitalización individual hace que todo el trabajo del profesional solo impacte en su beneficio. La anciana solo podría ver, a lo sumo, un poco más holgado su presupuesto si la mayor generación de riqueza por profesionales estriba en mayor tributación que permita financiar programas de pensiones que rozan la caridad, como la pensión mínima solidaria.

Como vemos, esta primera objeción de la derecha podría ser salvada si destruyéramos otra de las condiciones apoyadas por la derecha, la capitalización indivudual de las pensiones, pero eso supone otra cosa: que haya trabajo para todos, a los mismos niveles de ingresos para los profesionales de hace veinte años atrás, cuando este sistema estaba recién mostrando señales de colapso. No es lo mismo un país con 30 mil abogados que con 300 mil. Muchos dirán que el aumento de profesionales liberales lleva como consecuencia una alta rentabilidad social por la baja de precios, pero eso significa desconocer la complejidad de los trabajos encargados. Salarios bajos para empleos complejos y tareas tediosas hacen que éstas se desempeñen con menor celo, con resultados pobres y baja efectividad, y que el trabajador termine por migrar a otro tipo de labores, de menor complejidad, menor exigencia intelectual, y que, al fin y al cabo, ofrecen la misma rentabilidad, como vender sopaipillas. Miserables ilustrados por montones. Nihilistas con cartón que no hallan un empleo digno, que ven como más de cinco años de bronceado de biblioteca pagaron con un monto que no da ni para afrontar la deuda del CAE.

No hablo solo de abogados. Personal sanitario siempre falta, lo que falta son recursos para contratarlos; de allí la saturación de las carreras de Odontología, Enfermería, Kinesiología, Obstetricia y otras ligadas al área de la salud. Incluso ya se han escuchado quejas desde el gremio de los médicos; pese a que el aumento de matrícula no para esa carrera no ha sido tan explosiva -en parte porque no basta con un pizarrón y dos libros, como las humanidades, y porque con el Eunacom ya no se puede andar titulando de médico al lote -ya hay estudiantes que están viendo problemas para hallar un sitio en los hospitales, por el desfinanciamiento. Las pedagogías ligadas a las letras -Lenguaje, idiomas e historia -hace rato que están en una situación de colapso absoluto; sorprende que aún así se sigan abriendo cupos para dictarlas. Periodismo está en ese estado hace años, y sus egresados hallaron en la repostería un lugar donde guarecerse, aparentemente para siempre. Profesores de Educación física abundan en los gimnasios como personal tráiners o como forma de darle valor agregado a la labor de escort; de las pedagogías parecen solo hallar empleo con relativa facilidad aquellos que hacen física y matemáticas, pero esto no garantiza estabilidad en el cargo. Ingenieros comerciales que terminan de cajeros de banco; Ingenieros civiles que se dedican a chofer de Uber; en definitiva, nadie está trabajando para aquello que se estudió. No es por ausencia de talento de los egresados. No. Es que sencillamente no hay vacantes.

¿A quién estamos financiando con la gratuidad? ¿A los estudiantes o a los dueños de las universidades? ¿Estamos efectivamente quitándole una carga al estudiante cuando le financiamos sus estudios, o le estamos cargando otra carga, aún más pesada: la sensación de haberla cagado para el resto de su miserable y efímera vida? Mientras no se haga un razonable estudio de las necesidades de profesionales en el país y se defina cuántos son los cupos que se condicen con una tasa de reemplazo para mantener las profesiones saneadas, no servirá de nada esta gratuidad. Por el contrario, solo sobreexigirá las finanzas estatales hasta llevarnos a un completo colapso, en el cual la derecha sonreirá y nos dirá, con esa sonrisa que les caracteriza: “¿Les dije, o no, que la gratuidad nos llevaría a la ruina?”. Son capaces de cargarse un país completo por probar un punto. Ya lo han hecho antes, ¿por qué no volverían a hacerlo?