Hace un par de días se conoció a través de los medios de comunicación el caso de Sophia, una niña de dos años que presuntamente habría sido violada y asesinada en la sureña (y nefasta) ciudad de Puerto Montt. Teniendo como motivo este hecho un gran número de personas comenzó a invadir redes sociales con mensajes de ira en contra del agresor, y de pasada, contra el sistema judicial chileno. Era cosa de horas para que sectores, aparentemente conservadores, aprovecharan esta ventana mediática para exigir la más populista de las medidas que se han escuchado desde hace un tiempo en Chile, la pena de muerte.

La idea del restablecimiento de la pena de muerte no es nueva, cada vez que se conoce el caso de un parricida o violador la idea resurge como si existiera un grupo de nuestra sociedad que aprovecha estos hechos para reafirmar sus intereses. No hay que retroceder mucho para encontrar estas peticiones, y no solo en grupos en extremo minoritarios como podría pensarse, sino que también en grupos de amplia representación dentro del sistema político actual. El año 2012, durante los disturbios de la noche del 11 de septiembre, un cabo segundo de Carabineros intentó proteger un supermercado de saqueos y destrucción, siendo asesinado en la vía pública. A las pocos minutos del hecho los medios de comunicación hacían eco de la noticia, dándole cobertura especial por días, y siendo el tema de conversación de poco preparados (por no decir ignorantes) panelistas de matinal. Dos días después del hecho, los diputados UDI Gustavo Hasbún y Mónica Zalaquett proponían un endurecimiento de penas, donde se incluía el reestablecimiento de la pena de muerte.

Para desgracia de estas voces reactivas, la pena de muerte no se restablecerá ni ahora, ni en el corto plazo, El año 2001 Chile abolió la pena de muerte, siendo país signatario del Pacto de San José de Costa Rica, en cual en su articulo 4° indica que “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”. Además en 1990 Chile aceptó la competencia de tribunales internacionales, por lo cual la idea de que en Chile exista nuevamente una pena capital ralla en el absurdo.

 

Sensacionalismo, irracionalidad y control.

Chile es un país violento, pero no es la panacea de los delincuentes. Se ha instalado una sensación de inseguridad en la población, alimentada por la construcción de realidad que hacen los noticiarios de los medios de comunicación. Es preocupante que el tema de conversación tanto en espacios de clase alta como baja sea la desatada delincuencia, fantasma que en un gran número de casos no ha sido sufrido por los entornos más cercanos de quienes aportan sus opiniones en estas discusiones, pero que se va alimentando por periódicos que publican en portada todos los días crímenes “brutales” (en sus propias palabras) o canales de televisión que emiten noticias de hurtos hasta las 10 de la noche. El resultado es una población que ve su espacio seguro amenazado, alzando la voz para mantener la delincuencia lo más alejada posible a través de medidas facilistas que no apuntan a nada.

Este es el germen necesario para que surjan aquellas voces que exigen el restablecimiento de la pena de muerte, esto sumado a la deficiente educación con que cuenta la población, y al enaltecimiento de la individualidad por sobre el colectivo. La solución simplista es matar al delincuente, asumiendo al delincuente como un “otro” ajeno a nuestra sociedad, pero el sujeto que delinque es parte de lo que hemos construido. No importa, para que nos vamos a desgastar pensando en políticas públicas intersectoriales que no traen resultados en el momento, sino al mediano y largo plazo, es más fácil pensarlo como una enfermedad que se puede curar estirpándola de la noche a la mañana. Esto desconoce completamente que la producción de la delincuencia está en la construcción que hemos hecho de nosotros.

Necesitamos que de una vez por todas planifiquemos una política a 10, 20, 30 años que tenga como objetivo la prevención de la delincuencia, trabajando en las nuevas generaciones que se forman en entornos vulnerables, para así detectar los factores de riesgo que harán que esos niños delincan llegando a la adolescencia. Un trabajo mancomunado entre SENAME, escuelas y comunidad. Para ello los profesionales están, al igual que los recursos, pero no existe una verdadera voluntad política para que se concrete, ¿Para qué sirve tener tantos especialistas en infancia, tantos psicólogos cesantes, si la solución al problema de la delincuencia es hacerle caso al enajenado grito de ira de sectores conservadores? Trae más votos eso último parece.

El caso de las psicopatías es más complejo eso sí, pero el tener un trabajo de prevención más profundo haría que los niños que vayan presentando estos rasgos sean identificados antes de que lleguen a su etapa adulta, suena mejor que matar violadores después de cometido el acto, no?

 

Rabia

“Que viva el que debe vivir, que muera el que deba morir”

La justificación que se desprende de muchos partidarios de la pena de muerte es la rabia. Esta sensación es algo con lo que todos lidiamos, hemos sentido ira en más de algún pasaje de nuestras vidas, pero hacer leyes con la rabia en la mesa es un error que más vale no cometer.

Es entendible que en varios sectores de nuestra sociedad se manifieste esa sensación de rabia en contra de un hecho de las características del caso Sophia, es algo humano esa empatía con las victimas de tan repudiable hecho, el problema radica cuando se exigen medidas de venganza por sobre de justicia. Un argumento recurrente es desprender la reacción subjetiva que tendría cada persona al enfrentarse a un hecho de semejantes características. “Yo mataría a quien viole a mi hija” o “Yo torturaria a ese weon” son mensajes incendiarios que hemos recibido quienes hemos hecho el ejercicio de criticar la postura de los enrabiados seres que suben a sus cuantas de facebook una infografía de cuanto dinero se ahorra el Estado asesinando delincuentes.

Traspasar la ira que uno puede sentir desde la subjetividad a un sistema de justicia que debe velar por el imparcial cumplimiento de la ley es un acto de individualismo e irresponsabilidad atroz. La rabia o ira es un proceso en el cual se pierde la capacidad de auto-monitoriarse y donde existe una ruptura en la observación objetiva de la realidad, en serio pretendemos hacer leyes así? Todo esto considerando además los peligros de restablecer la pena de muerte en países con democracias tan débiles como la nuestra y las de América Latina.

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