TRIGGERED

La reforma a la “Ley Zamudio” propuesta por el Movilh contiene una propuesta insólita: invertir la carga de la prueba: ya no es la víctima quien debe probar la culpabiliad del acusado, sino el acusado el que debe probar su inocencia. Es de temer que, de prosperar esta idea, los tiempos del garantismo jurídico penal estén contados, y de paso, la dignidad y derechos de muchos, presas de delitos ya no solo contra el honor, sino que contra la administración de justicia.

 

Tal vez movido por las acciones deschavetadas del Pastor Soto, es que resulta comprensible desde la perspectiva de los grupos de presión homosexual el promover un endurecimiento de la Ley Antidiscriminación. La antigua ley, que venía a tipificar nuevos delitos, en especial aquellos de expresión, y otras actividades más complejas de definir, que vienen a constituir la discriminación, no estuvo exenta de reparos por parte de organizaciones que critican a grupos que, en razón de su identidad, generan y promueven conflictos internacionales, como es el caso de los promotores del expansionismo del Estado de Israel. También, no son pocas las cuestiones que se entrecruzan con la libertad de expresión, y las dudas de si acaso ésta ha de tener límites. Eventualmente, con la reforma a la Ley Antidiscriminación, el titiritero detrás de Murdock debería pagar su osadía con la cárcel.

Pero aquel no es el aspecto más preocupante de la reforma. No. Independiente que cada nuevo tipo penal que contempla la pena de cárcel sea un retroceso para la civilización y una derrota para la sociedad, que debe resignarse que no puede solucionar sus conflictos más que con el castigo corporal y la conculcación de uno de los derechos angulares de la existencia humana, hemos de reparar en un aspecto del proyecto que resulta especialmente preocupante.

Leemos en La Tercera que una de las ideas del proyecto es “invertir la carga de la prueba”:

En la propuesta entregada a La Moneda también se sugiere implementar compensaciones económicas en casos de discriminación -algo que no existe hoy- y traspasar la carga de la prueba al supuesto agente discriminador, es decir, al demandado.

¿Qué implica esto? ¿Que el acusado debe probar que es discriminador? Es un poco ilógico, ¿verdad? Es eso… o terminar, luego de casi quince años, con la tan maltrecha presunción de inocencia.

Podríamos pensar que el buen juicio del legislador hará que una propuesta tan deschavetada no superará los escollos de la discusión, pero, si pensamos en casos recientes de legislación de emergencia, como es el caso de la Ley Emilia, veremos que horrores jurídicos ya han logrado instalarse y ser ley.

No podemos sino encender la alarma y poner sobre aviso a las pocas personas cuerdas que quedan en este país, para que puedan, al menos, alzar sus voces en contra de la locura. Aún cuando hoy puedan “invertir la carga de la prueba” solo para delitos de incitación al odio y otros de expresión, no es difícil aventurar que mañana se extenderán a otros delitos más, que también algún grupo de presión organizado considere impresentable e imprescindible presumir la culpabilidad del acusado, y así hasta que se transforme en la regla general, y por último, en la regla única. Aquella situación hoy no está lejana, dada la pulsión de dar “señales” a través de la herramienta que no está hecha para dar señales. Por último, que el saberlo nos sirva para decir, una vez más, el amargo e inoportuno en la zozobra “te lo dije”.