Ya tuvimos la confirmación de cuál es la verdadera voluntad del Gobierno respecto a la reforma educacional: cambiar todo para que quede todo igual.

Quizá un poco peor.

Si bien los sectores de izquierda ligados al gobierno acusarán a los críticos de ser funcionales a los intereses de la hegemonía y la derecha económica, no es menos cierto que las reformas propuestas -y que recién ahora estarían tomando forma, toda opinión emitida con anterioridad no era más que especulación -vienen solo a reforzar las estructuras de abuso, cobros excesivos y especulación con la educación ya establecidas manu militari.

Pasamos de tener becas de cinco años, que no cubren todo el arancel real (y dejan por pagar un delta a veces demasiado alto) a gratuidad completa por cuatro años. Las carreras universitarias duran cinco. ¿Eyzaguirre plantea que las carreras duren menos, o que los estudiantes sufraguen obligatoriamente el último año? De ser así, no sería más que la vieja propuesta de Lavín del autofinanciamiento del último año, solo que sin el Delta. Es probable que aunque las carreras se adecuaran a los imposibles cuatro años, al estilo Boloña, la propuesta termine por financiar solo tres años de educación; el tema es, en palabras de Eyzaguirre, seguir imponiendo la visión del autofinanciamiento de los estudiantes, forzando a aquellos que no poseen las redes de contacto a trabajar y, eventualmente, fracasar y desertar. En resumen, cambiamos todo para cambiar nada.

La democratización de las universidades pareciera haberse desatado ante el anuncio de la derogación del DFL2 que la impide. Sin embargo aún quedan las normas sobrevivientes de la LOCE, que no fue enteramente derogada. Las normas de gobierno universitario, en específico las de gobierno universitario, aún perviven. Considerando los quórums que se necesitarán para esa reforma, también se terminará por transigir en el living de algún político, o un rector de una universidad privada. Además se ha llamado la atención respecto a que la normativa que reemplazará al DFL2 excluye a estudiantes y funcionarios de las esferas de decisión y en cambio ofrece a las empresas privadas lugares de privilegio a la hora de tomar decisiones.

Y por cierto que las Universidades Públicas seguirán siendo la niña fea del baile, debiendo ver cómo cada peso que llega a ellas también es un peso para las privadas, que reciben ese financiamiento sin las condiciones y supervigilancias propias de la administración pública. No habrá entonces trato preferente, solo beneficios para todos, Aquello no se ve ni sustentable ni racional. Mucho menos nos asegura la obtención de bienes comunes. ¿Por qué nuestros impuestos deben ir a los bolsillos de los accionistas de Laureate?

Y eso no es todo. En El Mostrador se hacía referencia al pantouflage del Ministerio de Educación y Laureate, lo que hace sospechar que la crisis de las joyas de Laureate -UNAB y UDLA-se solucionará por secretaría.

Desde luego, es muy probable que gracias a la democracia cristiana el final del lucro y la segregación por copago se frustre, al dejar intacto el modelo de negocios de los liceos y escuelas básicas. A lo sumo, cerrarán aquellas instituciones vergonzosas, equivalentes a las Universidades del Mar del panorama privado.

Queda vislumbrar cómo reaccionarán los estudiantes de 2011, que son los mismos de 2006, sobre todo tras el desgaste que implicó el 2013 y la absurda quema de energías que se vio en liceos “emblemáticos” en defensa de la selección. Este engaño mil veces anunciado nos toma indefensos, sin fuerzas que oponer, salvo por el fantasma de un nuevo 2011 que, si somos sinceros, sabemos ya nunca volverá a ocurrir, al menos hasta 2017.

En fin, para esta reforma mejor no hacían nada y dejaban todo como está.